Las graves implicaciones de la penalización del aborto en México

El aborto es un tema que, sin duda, genera muchas polémicas tanto a nivel nacional como global. Sin embargo, es un evento reproductivo en la vida de las mujeres que debe ser abordado desde los derechos y la salud pública. Tomando en cuenta lo anterior, somos miles de feministas y activistas que luchamos diariamente por la despenalización del aborto porque mientras no suceda, las implicaciones en la salud y en la vida de las mujeres son muy, muy graves. 

En México, vivimos una lamentable situación de discriminación jurídica, en la que el acceso al aborto legal está condicionado por los distintos códigos penales de cada estado. No es posible que en estados como Nuevo León y Tabasco se pueda penalizar a una mujer que tenga un aborto espontáneo, es decir, que ni siquiera fuese inducido; o en otros estados como en Guanajuato o Querétaro que se prohíbe el aborto aun cuando la continuación del embarazo de la mujer represente un peligro de muerte o un grave daño a su salud. Hay una desigualdad ante la ley, que amenaza directamente los derechos a la vida, a la salud, a la igualdad y no discriminación, entre otros derechos humanos de las mujeres y de todas las personas gestantes[1].

La penalización del aborto afecta, sobre todo, a las mujeres en situaciones vulnerables que viven en contextos restrictivos, ya que no todas cuentan con la información ni los recursos para viajar a la CDMX o a Oaxaca si quieren acceder a una interrupción legal de embarazo por voluntad propia hasta las 12 semanas de gestación, o con el apoyo para recurrir a un aborto seguro en otro espacio. Las mujeres más afectadas son usualmente las mujeres en situación de pobreza, las que viven en comunidades indígenas y rurales, las migrantes, las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, entre otras. Precisamente las mujeres más vulneradas son las que son más susceptibles a recurrir a abortos inseguros. Hasta la fecha, siguen permeando muchas prácticas peligrosas, como por ejemplo el uso de ciertas hierbas, ganchos e intentos de legrado, en lugares insalubres con personas sin los conocimientos ni las herramientas para practicar un procedimiento de interrupción segura. Los abortos peligrosos conllevan complicaciones, y entre las más frecuentes y severas son las hemorragias, las lesiones en órganos internos, tétanos, esterilidad e incluso la muerte. De acuerdo con un estudio de la Comisión Guttmacher-Lancet, cada año, hay 25 millones de abortos inseguros en el mundo que contribuyen al 8-11% de las muertes maternas.[2]La mayoría de estos abortos se realizaron en países en desarrollo, y cabe mencionar que en América Latina, 3 de cada 4 abortos no fueron seguros. 

Quisiera hacer mención, que no todos los abortos clandestinos son inseguros, porque incluso la Organización Mundial de la Salud ha publicado un protocolo de aborto seguro en casa con medicamentos, sin embargo, es justamente la penalización legal y social, que muchas veces obstaculiza que las mujeres puedan tener acceso a este tipo de información.

El aborto es un evento reproductivo en la vida de las mujeres que siempre ha existido y siempre existirá, ya sea de manera natural o inducida. Es una práctica sumamente común que está invisibilizada precisamente por su criminalización. Esto también refuerza el estigma que hay en torno al tema e influye a que las mujeres que han interrumpido sus embarazos interioricen ideas perjudiciales entre ellas que no son “buenas mujeres”, o que sientan vergüenza, culpa, miedo, entre otras emociones negativas, y guarden silencio ante una decisión que tomaron y consideraron que era la mejor para sus vidas. Todas las decisiones son válidas, y son parte de ejercer su derecho a la autonomía. Además, es vital tomar en cuenta que no todas las mujeres reciben la misma educación sexual, no todas tienen acceso a información y a métodos anticonceptivos, no todas quieren ser madres, y no todas viven en las mismas condiciones. 

Entonces en pocas palabras, la penalización del aborto no reducirá su práctica, pero sí aumentará las probabilidades de que existan abortos inseguros que pongan en riesgo la salud y la vida de las mujeres; y que predominen prejuicios e información no verídica en torno a este evento reproductivo. Es por ello, que es de suma importancia que el Estado responda ante esta situación y legisle políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres.  


[1]Hago mención de personas restantes porque es importante recordar que los hombres trans y personas no binarias también abortan y deben ser incluidas en las políticas públicas sobre este tema. Sin embargo, como la población mayoritaria concerniente somos las mujeres, en este documento hablo más en femenino y usando como referencia a las mujeres.

[2]Guttmacher-Lancet Commission on Sexual and Reproductive Health and Rights. Accelerate Progress. Sexual and Reproductive Health and Rights for All.2018. Disponible en línea: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/page_files/accelerate-progress-executive-summary.pdf

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